Justicia climática e inclusión: por qué la comunidad LGBTIQ+ enfrenta mayores riesgos ante el cambio climático

Los efectos que el cambio climático ejerce sobre el medio ambiente son innegables. El desplazamiento forzado ante la pérdida de patrimonios por eventos climáticos extremos; el aumento de decesos por olas de calor e inundaciones propiciadas por lluvias torrenciales; o el colapso de infraestructura en ciudades y carreteras que limitan la movilidad son sólo algunos problemas que se pueden enunciar.

Sin embargo, tienen en común a las personas marginadas y grupos vulnerables: las más propensas a padecer los efectos de forma más directa. La vulnerabilidad ante el cambio climático es compleja, considerando factores institucionales como la vivienda, empleo, acceso a la salud y políticas; factores personales como las condiciones físicas, mentales y sociales y; factores ambientales como la exposición ante amenazas, respuesta ante estas amenazas y las disparidades para acceder a servicios de rescate y/o recuperación.

Ante esto, se propone que la justicia climática reduzca esta inequidad. Aunque no existe una definición en consenso sobre este término, se puede plantear que es la rendición de cuentas en materia ambiental y climática, centrándose en el respeto, la protección y la garantía de derechos ambientales tanto del ser humano como no humanos.

Este término considera la distribución equitativa de beneficios y perjuicios, exige la participación de las personas afectadas en las decisiones ambientales, reconoce la relación entre el ser humano y el medio ambiente y admite que las luchas ambientales están ligadas a la justicia social y económica, hallando formas de reparación.

¿Por qué importa hablar sobre justicia climática para la comunidad LGBTIQ+?

La comunidad LGBTIQ+ se asocia a la “diversidad sexogenérica” como una categoría que se contrapone a la heterosexualidad y cisgénero, indicando condiciones de marginación y discriminación. También refiere a todas las posibilidades que las personas pueden asumir, expresar y vivir su sexualidad, identidad y orientación sexual.

En México, a través de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género realizada por el INEGI en 2022, la población LGBTIQ+ asciende a 5 millones, es decir 5.1% del total, de tal forma que 1 persona de cada 20 se identifica como parte de esta comunidad. Mientras, la población transgénero, transexual, no binaria o de otra identidad de género que no coincida con el sexo asignado al nacer es de 908.6 mil.

Se ha documentado que las poblaciones de la diversidad sexogenérica tienen menor seguridad financiera que sus contrapartes heterosexuales y cisgénero. De esta forma, entre los adultos de la diversidad tienen un mayor riesgo de quedarse sin hogar ante eventos extremos que las personas que no son parte de estas poblaciones.

Específicamente, las personas transgénero son más propensas a quedarse sin refugio debido a la discriminación que sufren en albergues temporales o permanentes cuando ocurre un desastre, exponiéndose a enfermedades como hipotermia, dificultades respiratorias por incendios forestales o mala calidad del aire y enfermedades infecciosas por inundaciones.

Además, tras desastres que comprometan el patrimonio de familias homoparentales y lesbomaternales hay mayor probabilidad de no recibir apoyos por parte del Estado si no las reconoce como parejas legítimas dentro de sus políticas de mitigación, preparación, respuesta, rescate y recuperación.

¿Qué hay que reconocer?

Con lo expuesto, se pueden enunciar problemas específicos que amenazan a la comunidad LGBTIQ+ ante eventos climáticos extremos:

• Discriminación en las fases de recuperación y rescate.
• Exclusión de las políticas sobre desastres y cambio climático.
• Mayor desplazamiento forzado, inseguridad alimentaria e hídrica, aislamiento social y víctimas de delincuencia tras un desastre.
• Menor acceso a mecanismos de mitigación de riesgos, como los seguros de salud y de propiedad así como su acceso inmediato como estar bajo un programa de salud o de adquisición de vivienda.

Es importante resaltar que los impactos por eventos climáticos extremos aumentan por factores como la raza, origen étnico, nivel socioeconómico, ingresos y ubicación geográfica, siendo los pueblos indígenas, personas racializadas que habitan en zonas costeras e islas los más vulnerables.

Por ejemplo, tras el impacto del huracán Katrina en agosto del 2005 en el sureste de Estados Unidos, se documentó que dos mujeres negras transgénero fueron arrestadas por usar los baños asignados a su género en un refugio temporal habilitado ante la emergencia que representó este desastre.

¿Por dónde empezar?

Comprender las diversas dimensiones sociales y el contexto que atraviesa a personas vulnerables contribuye a formular políticas y acciones ambientales que consideren enfoques interseccionales que analicen y evalúen los riesgos y vulnerabilidad de diversas comunidades, dimensionando que los impactos ambientales afectan de manera distinta.

En México, se ha publicado el Plan Estratégico de Género, Derechos Humanos y Cambio Climático en mayo del 2026 a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, buscando garantizar los derechos humanos y la igualdad en poblaciones que enfrentan desigualdades estructurales que se profundizan con el cambio climático como mujeres en toda su diversidad y condición, infancias, juventudes, poblaciones indígenas y afromexicanas, personas en situación de movilidad humana, personas con discapacidad y población LGBTIQ+.

Referencia de la noticia

Almonacid Buenrostro, F.. (2023). Cambio climático y diversidad sexogenérica: reducir la vulnerabilidad también es cuestión de equidad.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2026). Plan Estratégico de Género, Derechos Humanos y Cambio Climático
CEC. (2024). Environmental Justice for 2SLGBTQIA+ Communities: Dimensions on Queering Environmental Policy in North America.