La histórica inversión que México necesita frente al cambio climático

Hay algo que tienen en común cada inundación que colapsa la ciudad, cada sequía que reduce las cosechas y cada ola de calor que pone en riesgo la salud. Y no, no hablo solo de su relación con el cambio climático. Hablo del costo económico que representan.

Según estimaciones presentadas por la Iniciativa Climática de México (ICM), a solo 4 años del 2030, en pos de cumplir sus metas climáticas y de adaptación se debe destinar una cifra que equivale aproximadamente al 5.4 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Y esto representa probablemente uno de los mayores retos financieros en materia ambiental.

Un país megadiverso y vulnerable

México es un país particularmente vulnerable al cambio climático debido a su ubicación geográfica, extensión y diversidad de ecosistemas. Cada año enfrenta ciclones tropicales desde el Pacífico y el Atlántico, y además puede ser víctima de sequías que afectan amplias regiones, incendios forestales, olas de calor y lluvias intensas que provocan inundaciones repentinas en numerosas ciudades.

Y el incremento de las temperaturas a nivel global están intensificando muchos de estos fenómenos. Todo ello incrementa además las pérdidas económicas y hace indispensable invertir en infraestructura diseñada para soportar estos nuevos escenarios. No se trata solo de disminuir emisiones, urge también preparar al país para un clima que ya está cambiando.

Adaptarse cuesta y no hacer nada cuesta más

Aunque la mitigación —reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero— suele ocupar la mayor atención, la adaptación es igualmente importante. Diversos estudios han mostrado que incorporar criterios de resiliencia climática durante la construcción de infraestructuras aumenta los costos iniciales, pero también reduce mucho las pérdidas económicas futuras asociadas a desastres.

Adaptación es modernizar redes hidráulicas para enfrentar tanto inundaciones como escasez de agua. Es reforzar carreteras, puentes y hospitales para resistir fenómenos más severos, restaurar ecosistemas que actúan como barreras naturales ante tormentas e inundaciones. También es desarrollar una agricultura más resiliente.Y, además, mejorar los sistemas de monitoreo y alerta temprana.

Aunque la inversión necesaria puede parecer enorme, diversos estudios coinciden en que no actuar frente al cambio climático terminaría siendo mucho más costoso. Cada inundación, sequía, incendio forestal u ola de calor genera pérdidas económicas por daños a la infraestructura, afectaciones a la agricultura, interrupciones en la actividad productiva y más gastos en salud y reconstrucción.

Y el reto es también social

La transición hacia una economía baja en carbono no solo transformará la forma en que producimos energía, también la manera en que millones de personas trabajan. Por eso, organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la CEPAL promueven el concepto de transición justa, que busca no dejar atrás a los trabajadores y comunidades más afectados por este cambio.

¿La idea? La descarbonización de la economía no solo debe reducir las emisiones, también debe buscar generar empleos de calidad, disminuir las desigualdades y proteger a las comunidades cuyos medios de vida dependen justo de las industrias que deben transformarse.

Actividades relacionadas con la extracción de combustibles fósiles o industrias con altas emisiones de carbono podrían perder empleos. Por eso, uno de los mayores retos será impulsar programas de recapacitación laboral para que los trabajadores puedan desarrollar nuevas habilidades y acceder a nuevas oportunidades.

El papel del capital privado

Uno de los retos es que, según varios especialistas, la magnitud de la inversión necesaria supera ampliamente lo que puede financiar el presupuesto público en México. Por lo que, alcanzar las metas climáticas de nuestro país, dependerá también de atraer capital privado, tanto nacional como internacional.

Los especialistas advierten que el reto no es solo atraer inversión, sino generar además mecanismos que reduzcan riesgos y conviertan los compromisos climáticos en proyectos viables para los inversionistas. Para eso, se necesita identificar las inversiones prioritarias y garantizar que sean transparentes, medibles y financieramente viables.

Así que, todo parece indicar que la transición climática no dependerá únicamente de cuánto dinero pueda invertir el gobierno, sino de la capacidad del país para coordinar al sector público, la iniciativa privada y los organismos internacionales en torno a un mismo objetivo. ¿Cuál? Pues construir una economía más resiliente antes de que los costos de la inacción sigan aumentando.