La “Ley Solimán”: La iniciativa ciudadana que busca penalizar el ecocidio en Tulum
Una propuesta ciudadana que ha comenzado a tomar fuerza en Quintana Roo, que busca frenar la devastación ambiental en Tulum y sancionar a quienes construyen desarrollos ilegales que afectan la naturaleza.
Tulum es un destino mágico que año con año, atrae a miles de turistas que buscan apreciar y disfrutar de sus cenotes, selvas y playas de arena blanca. Sin embargo, este boom turístico y el rápido crecimiento urbano han puesto en jaque al lugar. En apenas dos décadas la población local pasó de menos de 7,000 habitantes a casi 47,000.
Hoy Tulum recibe cerca de dos millones de turistas al año, algo que sin duda trae una gran derrama económica, pero también un problema enorme: más de 120 mil toneladas de basura anuales. El crecimiento ha sido tan rápido que la infraestructura quedó chica, con servicios básicos que no siempre alcanzan y desarrollos inmobiliarios que avanzan sin que nadie los supervise.
En este rincón del Caribe se encuentran el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo y la segunda barrera arrecifal más extensa del planeta. Además, playas como la Bahía de Solimán son hogar y refugio de tortugas marinas que llegan a anidar cada año.
Ante este escenario, cada vez se escucha más la palabra ecocidio para describir la pérdida acelerada de manglares, humedales y otros hábitats. El término no es exagerado: lo que está pasando en Tulum se siente como una carrera contra el tiempo.
Entre los movimientos más activos está Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), junto con otros colectivos locales que han decidido llevar la lucha al terreno legal. Han impulsado propuestas para endurecer las leyes estatales, de forma que se pueda frenar a quienes dañen el ecosistema.
En 2025, el grupo OncePorCuatro, integrado por ciudadanos de los once municipios de Quintana Roo, entregó al Congreso varias iniciativas para proteger el medio ambiente y ordenar el crecimiento urbano. Su objetivo es claro: hacer que las autoridades asuman su responsabilidad.
¿De que trata la ley Solimán?
Entre todas las propuestas presentadas, la que más ha llamado la atención es la Ley Solimán, que fue diseñada para frenar el ecocidio urbano y la especulación inmobiliaria fuera de control. Su esencia parte de una idea sencilla pero poderosa: vivienda digna, entendida como un desarrollo urbano que respete las leyes y el medio ambiente.
En la práctica, esta iniciativa busca que vender o promover fraccionamientos y condominios sin permisos sea un delito, con sanciones claras y severas. También plantea poner un alto definitivo a las obras inconclusas o irregulares, aplicando multas y responsabilidades directas tanto a los desarrolladores como a las autoridades.
La propuesta no se queda ahí, exige que el Estado repare los daños causados a los ciudadanos cuando un funcionario omite su deber en el control del desarrollo urbano. Esto abre la puerta a que la gente pueda exigir compensaciones y restauraciones, no solo quedarse con la queja.
¿Por qué se le dice “ecocidio urbano”?
El colectivo acusa a algunos municipios de autorizar proyectos sin estudios ambientales, lo que llaman “ecocidios”. Su meta es proteger cenotes, manglares, humedales y arrecifes que se ponen en riesgo con cada fraccionamiento mal planeado.
La clave de esta propuesta es la participación ciudadana. La iniciativa se elaboró con casos reales y busca obligar a los municipios a actuar con responsabilidad. El nombre de la iniciativa rinde homenaje a la Bahía Solimán, símbolo de daños visibles por urbanización irregular.
La iniciativa reforzaría leyes ya existentes sin sustituir procesos como las denuncias ante Profepa. Añadiría penas más duras a delitos ambientales urbanos, obligaría a detener proyectos sin estudios de impacto y haría respetar el uso de suelo y daría seguridad jurídica a ciudadanos afectados, permitiéndoles exigir reparación de daños.
En esencia, busca cambiar la forma de gestionar el crecimiento en Tulum, apostando por un desarrollo ordenado que cuide el medio ambiente. Aunque no es ley todavía, ya ha visibilizado la necesidad de frenar la venta de terrenos ilegales y la construcción sin permisos.
La Ley Solimán refleja lo que pasa cuando la sociedad civil actúa. Recuerda que el medio ambiente es un bien común y que un desarrollo sin control nos afecta a todos. Apoyar propuestas así no es solo cuidar la naturaleza, también es cuidar nuestro futuro y calidad de vida.
La esperanza es que logre proteger a Tulum antes de que sea tarde. Como dicen los activistas: “el desarrollo no puede seguir arrasando con lo que nos da vida”. Aunque tenga detalles por ajustar, lo valioso es que hay gente decidida a defender este paraíso. Depende de nosotros que siga siendo un tesoro y no un recuerdo.