Vecinos y ambientalistas en Cozumel denuncian privatización de playas violando la Ley de Bienes Nacionales

Aguas turquesa, arena blanca y algunos de los arrecifes más importantes del Caribe mexicano, rodean Cozumel. Pero detrás de esta imagen crece una controversia que ha tomado fuerza los últimos años.

El conflicto se concentra ahora alrededor del Royal Beach Club Cozumel, un proyecto previsto en una superficie de alrededor de 17 hectáreas, junto a las zonas de Playa Sol y Playa Mía. Pero vayamos por partes. Primero, qué dice la ley. Y luego, qué implica este proyecto.

¿Las playas pueden ser privadas en México?

En México una empresa puede ser propietaria de terrenos frente al mar y también obtener una concesión para aprovechar determinadas zonas costeras. Pero eso no significa que pueda convertir la playa en propiedad privada.

Y el conflicto no se limita a preguntar quién posee los terrenos cercanos. La verdadera cuestión es si una persona puede llegar a la playa sin tener que pagar una entrada, consumir en un establecimiento o ser huésped de un hotel.

Así, incluso en aquellos sitios donde los terrenos privados bloquean la llegada al mar, deben establecerse accesos que permitan llegar hasta la costa. Y también el acceso a la Zofemat, definida generalmente como la franja de 20 metros de tierra firme junto a la playa.

Un enorme club frente al Caribe

El proyecto de Royal Caribbean busca ocupar alrededor de 17 hectáreas y contempla albercas, restaurantes, bares, áreas recreativas y diferentes espacios destinados principalmente a pasajeros de cruceros. Pero no se trata solo de espacios disponibles para colocar sombrillas de descanso.

Según la Manifestación de Impacto Ambiental del propio proyecto, se esperan miles de visitantes diarios. La cifra anual podría ser de alrededor de 1.4 millones de visitantes, un dato que también ha despertado la inquietud entre organizaciones ambientalistas.

¿Qué preocupa a comunidades y ambientalistas?

Greenpeace México ha cuestionado el proyecto tanto por posibles impactos ambientales como por la presión que podría ejercer sobre los espacios costeros disponibles para la población local. También sostiene que el diseño del proyecto podría aumentar el riesgo de sedimentación, contaminación y estrés ecológico sobre el arrecife.

A esto sumémosle que la llegada de miles de personas diariamente un mismo sector de la costa, implica mayor generación de residuos, consumos de agua, tránsito y actividad turística. En una isla, donde el territorio y los recursos disponibles son limitados y vulnerables, esa presión adquiere una dimensión distinta.

No es solo acceso público

Por su parte, la compañía Royal Caribbean, al frente del proyecto, sostiene que su desarrollo no significará el cierre de la playa. De hecho, anunció que incorporará un acceso público gratuito al litoral, acompañado de servicios mejorados. Desde esa perspectiva, podría sumar infaestructura turística, empleos y visitantes sin eliminar el derecho de la población de llegar al mar.

El cuestionamiento de vecinos y ambientalistas, sin embargo, va un poco más allá de si existe o no una entrada a la playa. El problema es cuánto espacio costero seguirá siendo realmente utilizable por la comunidad una vez que el enorme complejo turístico esté funcionando.

Puede existir un sendero público y, al mismo tiempo, quedar buena parte del entorno inmediato ocupado infraestructura y otras instalaciones destinadas a los clientes del complejo. Varias organizaciones han pedido a la Semarnat negar los permisos ambientales de estos proyectos si su evaluación determina que ponen en riesgo los ecosistemas y los derechos de las comunidades.

Mientras la evaluación sigue en curso, la polémica se mantiene. Porque detrás de una industria clave para la isla también importa el acceso público a sus costasy el cuidado de ecosistemas ya de por sí frágiles. Porque una playa puede seguir apareciendo como pública en la ley y, aun así, sentirse cada vez más difícil de alcanzar desde tierra.